Acciones en el marco de las movilizaciones a nivel nacional por el día mundial del agua
una publicación de Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida.
22 de marzo, 17:00 horas, kiosco del malecón paceño 23 de marzo, 13:00 horas, CONAGUA BCS
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Reuniendo esfuerzos con la coordinadora nacional Agua para todos, agua para la vida el FRECIUDAV instaló mesas la tarde del domingo en el concurrido kiosco del malecón y simbólicamente clausuró la entrada de la delegación en sudcalifornia de la comisión nacional del agua por la llamada «Ley Korenfeld».
Diversas organizaciones de la sociedad civil vemos como una maniobra por entregar el manejo del agua a particulares ya que limita a 50 litros por persona al día el suministro de este vital liquido así como concesionar los trasvases que pueden desviar causes de agua comprometiendo su abasto a la población.
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Pronunciamiento que dimos lectura en las puertas de la CONAGUA en BCS:
CONAGUA NEGOCIA CON NUESTRA AGUA
COMPROMISO CIUDADANO CON EL BUEN GOBIERNO DEL AGUA
POR UNA LEY GENERAL DE AGUAS CON CONTRALORÍA SOCIAL
Este 22 y 23 de marzo, en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, sindicatos, ciudadanos preocupados, estudiantes e investigadores estamos realizando rondas de prensa frente a las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en las 32 entidades federativas para: responsabilizar a este organismo por la profunda crisis hídrica en el país; rechazar la Iniciativa de Ley General de Aguas (conocida como Ley Korenfeld) que esta dependencia envió al Poder Legislativo el 5 de marzo del año en curso; y en cambio demandar que la Iniciativa Ciudadana de Ley sea aprobada para hacer cumplir el Derecho Humano al Agua[1]; así como exigir fin a la violencia ejercida contra las y los defensores del agua y la liberación de los presos políticos por defender el agua. Desde su creación en el año 1989, la CONAGUA ha mostrado su carácter vertical y autoritario para administrar el agua en el país, lo que ha generado y agudizado una crisis hídrica de gran magnitud en todo el territorio nacional. Por ello, en este ejercicio nacional de contraloría social responsabilizamos a la CONAGUA de violar los derechos de los pueblos y la normatividad vigente para favorecer a los grandes inversionistas en agua, energéticos, minería y agroexportaciones, con los siguientes proyectos y políticas:
Trasvases: Acueducto Independencia (Sonora), Monterrey VI, 4ª Etapa Cutzamala (EdoMex), Túnel Emisor Oriente/PTAR Atotonilco, Chapultepec/Parota (Guerrero), Zapotillo (Jalisco), Paso de la Reina (Oaxaca), todos los cuales podrían ser concesionados, junto con su agua, si se llegara a aprobar la “Ley Korenfeld”
Presas hidroeléctricas mal diseñadas y privatizantes: La Parota (Guerrero), Zapotillo (Jalisco), Las Cruces (Nayarit), Jalcomulco y las 121 restantes propuestas para Veracruz
Complicidad con empresas para no sancionarles por el envenenamiento (derrames tóxico) de los ríos Santiago, Sonora, Atoyac, Bravo, entre otros; Contaminación, en los diversos pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, entre muchos más.
Promoción de la sobreexplotación y el acaparamiento de aguas subterráneas, resultando en: el desecamiento de las aguas de los pueblos originarios; la desertificación de las tierras agrícolas en Sinaloa, Sonora y Chihuahua; daños a la salud por el consumo de aguas “fósiles” en Chihuahua y Aguascalientes; así como la destrucción de viviendas y escuelas por grietas y hundimientos en los valles de México y Toluca.
Privatización y mercantilización del agua en centros urbanos, en donde solo se garantizará el agua potable a industrias y embotelladoras, dejando a millones de personas dependientes de pipas y el tandeo.
La facilitación del proyecto Aeropuerto Texcoco, el cual pone en riesgo la futura viabilidad hídrica-urbana del centro político y económico del país.
Los aquí reunidos, ciudadanos del estado de Baja California Sur, responsabilizamos a CONAGUA por haber aceptado la ejecución de cientos de perforaciones exploratorias de las mineras, con profundidades varias veces superior a la de cualquier pozo de extracción de agua, y con posibles consecuencias catastróficas de intercomunicación entre los diversos acuíferos. Asimismo, nos oponemos a sus falaces estudios, con los que tratan de justificar lo injustificable, como es el caso de decretar en el año 2014, después de varios años de intensa sequía, que, casualmente, las cuencas en donde se han identificados yacimientos de oro y otros metales preciosos, de pronto presentaron importantes volúmenes excedentes, cuando en años anteriores la misma CONAGUA había declarado que ya se encontraban en el límite o sobreexplotados. Esto demuestra solo un vil medio para concederle agua a las empresas mineras; y el ejemplo más descarado y grotesco es lo que hicieron con el acuífero de El Vizcaíno, el cual de acuerdo a la misma CONAGUA era deficitario, pero al realizar una división política del acuífero -ya que no existe una división física, pues el agua no reconoce fronteras políticas- en un inaceptable milagro surgió un “nuevo” acuífero que resultó tener capacidad para abastecer el volumen anual que necesita minera México en su mina El Arco. Y si todo esto se ha realizado con la ley vigente, la Ley Korenfeld profundizaría la actual crisis del campo al sujetar las aguas nacionales a dinámicas de compra-venta, eliminando los derechos de los núcleos agrarios y los pueblos rurales e indígenas, exacerbando su vulnerabilidad en materia alimentaria; priorizaría el agua para la minería tóxica (la cual no requeriría de concesión) y el fracking; eliminaría los espacios de participación; y permitiría que la CONAGUA hiciera uso directo de la fuerza pública para imponer sus decisiones. En cambio, nuestra Iniciativa de Ley, construida durante dos años con amplia participación ciudadana y comunitaria, y publicada en la Gaceta del Senado el 23 marzo del 2015 firmada -hasta la fecha- por 22 Senadores, reconoce el agua como un bien común, de la Nación, para ser gestionada sin fines de lucro. Propone Planes Rectores vinculantes, consensados cuenca por cuenca desde el nivel local, para cumplir con las metas de una Agenda Nacional: agua para todos los habitantes, los ecosistemas y la soberanía alimentaria; fin a la contaminación, fin a la destrucción de cuencas y acuíferos, y fin a la vulnerabilidad a sequías e inundaciones. La creación de un Fondo Nacional financiaría proyectos de gestión comunitaria en lugares sin acceso al vital líquido. Una Contraloría Social del Agua, 100% ciudadana, auto-organizada, vigilaría el desempeño de los funcionarios y, en caso necesario, exigiría la revocación de su mandato. Para finalizar, responsabilizamos a la CONAGUA por las condiciones que resultaron en el asesinato de Manuelita Solorio, Ismael Solís y Alberto Almeida. Asimismo exigimos la liberación de los presos Mario Luna y Fernando Jiménez de la Tribu Yaqui, María de la Cruz y Marco Antonio Suástegui de Guerrero, Eduardo Mejía Nava de San Bartolo Ameyalco, Teresita Brito Piña y Alfredo Esquivel y Cab de Quintana Roo, así como el levantamiento de los cargos fabricados en contra de Enedina Rosas Vélez y Abraham Cordero de Puebla. Todos ellos, ciudadanos y ciudadanas comprometidas en la defensa de nuestro vital recurso: EL AGUA.
[1] Art. 4º. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.